domingo, 3 de marzo de 2013

España, un país en manos de la mafia

Este país por fin empieza a dar minúsculos pasos hacia la democracia, pero como en todo cambio hay pequeños mártires anónimos que lo pagan con su sufrimiento. Estoy hablando entre otros, de los pocos jueces que han dicho basta, y cuyas vidas se han convertido en un pequeño infierno amenazados y extorsionados desde las múltiples ramificaciones de una mafia que lleva bastante más de 30 años gobernando este país.

Hace no mucho tiempo que veíamos como el juez Garzón era juzgado y acusado por investigar a una serie de personajes de dudosa reputación, en la famosa trama Gürtel. Pero esta trama no es más que la punta de un iceberg que acaba de desprenderse del continente de la Antártida.

El atrevimiento de Garzón finalmente se ha quedado en una anécdota al lado de todas las investigaciones que han surgido a posteriori. Se trata de jueces menos mediáticos, que no responden a un perfil ideológico, tanto veteranos como bisoños. Individuos aislados que, cada uno desde su rincón del mundo, están poniendo al descubierto la corrupción que inunda todos los estamentos de un país: de sus burdeles a sus palacios.

Pero el precio a pagar es muy alto, la mafia no esta dispuesta a ceder su poder, Pilar de Lara, por ejemplo, ha sido condenada a vivir aislada y rodeada de imputados que le han declarado la guerra. Amenazas, ataques políticos y confabulaciones policiales se han sucedido para intentar que De Lara abandone la ciudad. Entre ellos, mensajes enviados a través de terceros, como “Márchate de Lugo o la poli irá a por ti”, amenazas personales a ella y a su hija, o sobornos a policías. También han intentado dejarla sin medios para investigar, hasta el punto de que diversos funcionarios han llegado a adelantar dinero para pagar el tóner de la impresora.

Porque la presión es la clave. “El miedo social hace que algunos jueces prefieran dedicarse a perseguir solo delitos de perfil más bajo. Eso genera una forma de corrupción”. Lo dijo en una conferencia en 2008 Miguel Ángel Torres, instructor del caso Malaya, la mayor operación contra la corrupción en España. Torres ahora dirige procesos rutinarios en un juzgado de Granada. El magistrado ha confesado a sus íntimos haberse sentido solo durante fases de la Malaya en las que se le señalaba a él como el enemigo en lugar de a los saqueadores de Marbella.

Otro caso impactante es el de Jacobo Pin, que se vio obligado a pedir amparo al CGPJ contra sus superiores: desde Castellón están “tratando de imponer indirectamente el sobreseimiento del presunto delito del cohecho”, que Pin quería sumar a los que acumulaba Fabra. La petición de Pin es clara: “Deje de perturbar mi independencia”. Contra lo previsible, el CGPJ no archivó la petición de amparo y el Tribunal Supremo ha ordenado que el político sea juzgado también por cohecho.

Por prescripción médica, Castro, de 67 años, ha cambiado las motos de gran cilindrada por la bicicleta. Viéndole pedalear los cinco kilómetros desde el juzgado a su adosado en la playa, a este cordobés podría adivinársele una tranquila vida de jubilado.

Mercedes Alaya sabe también cómo puede resentirse un cuerpo sometido a presión. Su neuralgia del trigémino está relacionada con la tensión. La llamada “enfermedad del suicidio” implica indescriptibles dolores en los ojos, la mandíbula, y hasta el pelo, desencadenados por el mero roce del aire. Hace cinco meses que, cada vez que la juez de los ERE toca un papel, empieza a padecer. Alaya se sabe escrutada. Es discreta y no se deja ver por Sevilla. Pero en su juzgado no admite otra ley que la suya.

Otro ejemplo de la factura que pasa la lucha por la justicia, es la del juez Antonio Pedreira, que ahora sufre en una cama, minado por la enfermedad.

Todos estos datos han sido extraídos de un sorprendente y magnífico el artículo de El País, aquí resumido.

Mientras la mafia, inexpugnable sigue dando pasos para evitar la caída de su imperio, Alberto Ruiz Gallardón, ministro de Justicia, ha dado los primeros pasos para reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal y que pase a ser el fiscal —teóricamente independiente, pero en la práctica nombrado por el Gobierno— quien dirija la investigación. También ha intentado evitar el acceso de los ciudadanos a la justicia, a través de la ley de tasas judiciales, desproporcionadas e inconstitucionales, ya que suponen en la practica, la imposibilidad de acceso a la justicia, y en consecuencia la vuelta a la ley del más fuerte, que tanto gusta en los regímenes dictatoriales. Pero no es el único paso que ha dado, El pacto anticorrupción podría convertirse en una Omertá Siciliana, un pacto de silencio, tal y como advierte Alberto Garzón.

Y es que esta mafia conserva todavía mucho poder, no en vano Jacinto Rey cerró el periodico O Xornal tras una conversación con Rajoy, después de que O Xornal publicara una fotografía de Rajoy en el barco de un conocido clan de narcotraficantes. Pero no es Rajoy el único que se codea en este tipo de ambientes, también es conocida una gran amistad entre Feijoo y un importante capo del contrabando, por poner otro ejemplo.

De sobra son conocidas además las artimañas del gobierno para manipular los procesos judiciales, como el caso del juez amigo de Camps, o el miembro del Partido Popular cazado en el hotel del jurado de Camps, artimañas que siguen intentando realizar aún en la actualidad. Y es que aunque siempre aparezcan jueces rebeldes, la realidad es que la justicia no es independiente, y sigue controlada desde el gobierno, algo que es denunciado también por una parte importante del los jueces de este país.

Una mafia con infinitas ramificaciones, podemos ver por ejemplo el caso del conocido sicario Emilio Hellín Moro, un terrorista de ultraderecha, condenado por un asesinato de corte político durante los primeros años de la democracia, que fue contratado por el Ministerio del Interior entre los años 2006 y 2011, trabajando para los cuerpos de seguridad del estado, incluso en materias de terrorismo y crimen organizado.

Una mafia en la que están implicados no solo los principales partidos políticos del régimen, como PP, PSOE,
CiU, PNV, sino también grandes corporaciones y pequeñas empresas de este país, por citar algún ejemplo, Sacyr Vallehermoso, OHL, FCC, Mercadona ...